LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Magistrado Ponente
AC4437-2017
Radicación: 15001-31-03-002-2010-00094-01
Aprobado en Sala de veintiocho de junio de dos mil diecisiete
Bogotá, D. C., trece (13) de julio de dos mil diecisiete (2017).
Se decide sobre la admisión de la demanda de Hilva Aleja Rodríguez de Páez, Edgar Antonio, María Constanza, Martha Lucía, Ángela y Consuelo Páez Rodríguez, tendiente a sustentar el recurso de casación contra la sentencia de 11 de octubre de 2016, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, Sala Civil-Familia, en el juicio divisorio promovido por Álvaro Vicente Rodríguez Neira frente a los recurrentes.
1. ANTECEDENTES
1.1. El petitum. El actor solicitó se decretara la división material de una finca rural “con una cabida de 104 hectáreas”, la cual identifica por su situación y linderos.
1.2. La causa petendi. Lo anterior, al ser propietario del fundo, en común y proindiviso, con los interpelados.
1.3. El escrito de réplica. Los convocados, en general, aceptaron lo solicitado, siempre y cuando se respetara la división amigable realizada el 21 de octubre de 1983.
Plantearon, sin embargo, la necesidad de establecer las dimensiones del predio y no tener en cuenta una franja vendida por Hilva Aleja Rodríguez de Páez a José Ferro.
1.4. El dictamen pericial. Evacuado por Jairo Enrique Monroy Sánchez, avalúa el inmueble y determina la procedencia de la división material.
1.5. El trabajo de partición. Se apoya íntegramente en la experticia citada.
1.6. Las objeciones planteadas. Los demandados confutaron la partición, por cuanto: (i) existía inequidad económica en las adjudicaciones; (ii) omitía el tema de las mejoras; (iii) excluía una franja que debía ser incluida; (iv) la división era matemática y no cualificada; (v) el topógrafo no explicaba estudio de suelos ni aludía a la extensión de cada lindero; y (vi) en el plano aportado había divergencia respecto del nombre de uno de los adjudicatarios.
1.7. El fallo de primer grado. Emitido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tunja, el 5 de marzo de 2015, declara infundadas las objeciones y aprueba la partición.
En su sentir, la división era viable teniendo en cuenta el estudio efectuado por la partidora, “(…) concatenado con el dictamen realizado por el auxiliar de la justicia Jairo Enrique Monroy (…), quien de forma acertada no solo procedió a identificar el inmueble objeto de su experticia, sino además a los copropietarios y el valor de sus derechos (…)”.
Las inconformidades de los objetantes, agrega, “(…) se quedaron en meras enunciaciones y minucias sin que se haya[n] particularizado y menos demostrado (…)”.
1.8. La sentencia del Tribunal. Según el fallador, en lo esencial, el objeto del recurso de apelación de los interpelados, se circunscribía al desacuerdo con la no inclusión en el trabajo de partición de una parte del terreno con la simple manifestación del actor de ser poseedor.
La protesta, dice, carecía de razón, en primer término, por cuanto si en la contradicción de la experticia se había discutido la exclusión, y si la partición se realizó “teniendo en cuenta el trabajo del perito aprobado por el despacho”, debía seguirse que “(…) el juez de primer grado no encontró falencia alguna, ni ningún tipo de irregularidad en el dictamen pericial aportado al proceso (…)”.
Ahora, si el auxiliar se limitó a demarcar esa porción de terreno, dejando la decisión a la justicia, en tanto de no ser aprobada la posesión alegada por el demandante, el área total sería de “105 hectáreas más 8.961 metros cuadrados”, resultaba claro que dicha porción “(…) no fue excluida dentro de la labor realizada por el perito ni fue de manera caprichosa o sin fundamento alguno excluida por la partidora (…)”
En efecto, si la partidora dividió un total de “108 hectáreas”, sustentada en su propia medición y en un plano al respecto elaborado, el lote controvertido necesariamente aparecía incluido en el trabajo partitivo, al ser mayor a las “105 hectáreas” señaladas por el perito.
Del mismo modo, porque conforme a las precisiones de la partidora, rendidas a petición del Tribunal, los terrenos excluidos de la división, esto es, los lotes “Bellavista”, “Elvira Páez” y “Buena Vista”, no hacían parte del predio de mayor extensión, dado que habían sido objeto de enajenación desde antaño y tenían títulos de dominio.
En todo caso, dijo, las controversias relacionadas con la “propiedad o posesión sobre la porción de terreno que discute el recurrente frente al trabajo partitivo, es asunto que debe ser ventilado en otras acciones legales que no son las del proceso divisorio (…)”.
1.9. La demanda de casación. En el único cargo formulado, los recurrentes, demandados en el proceso, acusan al ad-quem de violar la ley sustancial, como consecuencia de errores de hecho al apreciar las pruebas.
1.9.1. En primer lugar, el dictamen pericial, por cuanto las observaciones del experto de excluir los lotes con títulos de dominio distintos y observar lo pertinente respecto del lote menor en discusión, en cuanto el actor alegaba posesión material, desbordaba el objeto de la prueba, dado que nada sobre el particular se le había planteado al experto en tiempo, y así el a-quo lo aprobó.
La Escritura Pública 2301 de 8 de junio de 1968 de la Notaría Séptima de Bogotá, correspondiente al globo de mayor extensión, toda vez que debía “compaginarse” con el título anterior del dominio del terreno “Elvira Páez”; y respecto de los demás lotes excluidos, puesto que fueron tomados como si no hubieren sido parte de aquel.
El interrogatorio del demandante Álvaro Vicente Rodríguez Neira, donde, curiosamente, antes de la diligencia de inspección judicial y dentro de ella, no hizo referencia alguna al terreno controvertido.
La partición, en sí misma considerada, objetada respecto de la franja en posesión del demandante, amén de no coincidir con los planos del perito y otros, y carecer de área determinada, lo cual generaba incertidumbre sobre el área total, puesto que el sentenciador de primer grado al no definir el punto estaba aludiendo a una parte no pedida en exclusión. En adición, porque la partidora, al dar respuesta a lo solicitado por el sentenciador de segunda instancia, hablaba de unos mojones, pero sin existir prueba en el plenario sobre el particular.
El contraste de los planos, al surgir inconsistencias. El del IGAC, dado que no reflejaba dentro o fuera de la finca el predio disputado; los elaborados por José Aníbal López Castellanos, en cuanto de los mismos no se infería la exclusión; el del perito, al sombrear simplemente un área de “51.434 m2”; y los de la partición, unos indicaban el lote en controversia con un área de 52.271 m2, por fuera del globo mayor, y otro hasta ahora lo nombraba “Bellavista”.
1.9.2. En segundo término, respecto del “análisis de la sentencia objeto de censura”, al existir diferencia entre el dictamen y el trabajo de partición en punto del área total a dividir, respectivamente, 100 ha 7.527 m2 y 108 ha 3.311 m2; y al omitir pronunciarse sobre que de resolverse en forma adversa la posesión alegada por el demandante, el predio de mayor extensión quedaría en 105 ha 8.961 m2.
1.9.3. En suma, para la parte recurrente, frente a tales diferencias y el hecho de que “(…) no se ha resuelto lo referente a la exclusión o no (…) de una franja de terreno (…)”, sin antes elucidar los particulares, la aprobación del trabajo de partición no era de recibo.
1.10. Siendo ese, en lo esencial, el contenido del cargo propuesto, se procede a examinar su idoneidad formal.
2. CONSIDERACIONES
2.1. Para resolver lo tocante con la presente demanda, compete a la Corte seguir las directrices del Código General del Proceso, en vigor partir el 1º de enero de 2016, por ser el plexo normativo que la gobierna, dado que la sentencia y el recurso involucrado, tuvieron lugar después de dicha data, todo al tenor de los artículos 624 y 625-5, según los cuales “(…) los recursos interpuestos (…), se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron (…)”, así el asunto se haya originado en la época del Código de Procedimiento Civil.
2.2. Suficientemente es conocido, el estudio de fondo de la demanda dirigida a sustentar un recurso de casación, debe sujetarse a las exigencias señaladas en el artículo 344 del Código General del Proceso, so pena de ser inadmitida, cual lo previene el artículo 346, ibídem. Entre otros, el numeral 2º impone al recurrente la carga de formular por separado los cargos “con la exposición de los fundamentos de cada acusación, en forma clara, precisa y completa”
2.2.1. La “exposición de los fundamentos de cada acusación”, predicable de todas las causales de casación, tiene su razón de ser, entre otras cosas, en que permite identificar si existen discrepancias entre el juzgador y la censura, en el sentido de contraponer, refutar.
En palabras de la Corte, acorde con el Diccionario de la Real Academia Española, en doctrina aplicable, porque “(…) desde el punto de vista técnico, no podría hablarse de acusación por sustracción de materia, en la medida en que por tal acción, la de acusar, se entiende la exposición de los cargos contra el acusado o contra lo acusado”1.
De manera que si en el libelo impugnaticio ninguna disputa existe entre juzgador y recurrente, al contrario, se observan consensos, en esos precisos aspectos habría sustracción del objeto del recurso de casación. Lo mismo sucede cuando el disenso alude a cuestiones meramente accidentales, puesto que en ese evento significaría sintonía o acuerdo en lo fundamental. En cualquier caso, entonces, se echaría de menos una auténtica acusación.
2.2.2. Lo relativo a una confutación “clara, precisa y completa”, hace relación a su inteligibilidad, exactitud y suficiencia, porque al ser ese medio de defensa, en línea de principio, estricto y dispositivo, pues obedece a causales legales y se enmarca dentro de los límites trazados por el recurrente, la Corte no está llamada a superar oscuridades, ni a replantear cargos deficientes o desviados.
En lo pertinente, las exigencias de precisión y completud, se asocian con el fallo censurado, precisamente, el objeto del recurso de casación, como thema decissum, y no con el proceso, como thema decidendum. Aluden, entre otras cosas, a la identificación de las razones nodales de la decisión y a la exposición de los argumentos dirigidos a socavarlas. Así se facilita verificar, en punto de la violación directa o indirecta de la ley sustancial, si se denuncia como equivocada la apreciación jurídica o probatoria del juzgador, en caso positivo, si la acusación es enfocada o totalizadora.
En esa línea, abordados temas ajenos a los motivos fundantes de la decisión, o si siéndolos no los comprende todos, no habría lugar a ningún estudio de mérito, pues al soslayarse o dejarse en pie algunos de ellos, éstos, por sí, le seguirían prestando base firme, al seguir amparados por la presunción de legalidad y acierto, de donde, al margen del juicio del Tribunal, la falta de precisión o suficiencia de la acusación, impediría avanzar la marcha.
2.3. Frente a las anteriores directrices, el cargo examinado desde lo formal no se aviene a los requisitos dichos para habilitar su estudio material, desde luego, al margen de cualquier otro defecto técnico predicable, inclusive sin parar mientes a las remisiones que indistintamente hace la censura a la sentencia del a-quo y del ad-quem, cuando como quedó explicado, en principio, aquélla no es objeto de la casación.
2.3.1. Para empezar, la discusión se circunscribe no a la exclusión del predio de mayor extensión de ciertas áreas que contaban desde otrora con títulos de dominio, en particular, al existir consenso entre las partes, sino a la porción de terreno respecto de la cual el demandante le indicó al perito que ejercía posesión material.
La polémica tampoco puede obrar sobre las afirmadas diferencias entre las áreas totales del globo mayor objeto de división, señaladas por el perito y en el trabajo de partición, por ser un hecho que dejó fijado el Tribunal, en concreto, para concluir que si en este último se tuvo en cuenta 108 ha 3.311 m2, mientras en aquél se señaló un área menor, 100 ha 7.527 m2 o 105 ha 8.961 m2, según lo que se decidiera en punto de la comentada posesión de una fracción menor, no se podía inferir que se “haya excluido el área a la que hace referencia la aquí recurrente”.
2.3.2. Ahora bien, si como se advierte en el cargo, frente a dichas diferencias, la partición no se podía aprobar, pues se trataba de un aspecto que debía ser previamente remediado, inclusive, decidiendo la “exclusión o no” del lote en disputa, desde esa perspectiva, la acusación en su contexto resulta a todas luces desviada, porque para el Tribunal, esas controversias, relacionadas con la propiedad o posesión, era asunto que debía elucidarse “(…) en otras acciones legales que no son las del proceso divisorio (…)”.
Así las cosas, en lugar de aplicarse a mostrar las supuestas “diferencias” en las áreas, respecto del dictamen pericial y el trabajo partitivo, y la falta de decisión sobre la “exclusión o no” de la porción reclamada, la parte recurrente ha debido denunciar, como se exige en casación y por el cauce correspondiente, que esa conclusión era equivocada, pero como no lo hizo, lo resuelto en la materia, al margen del juicio del juzgador acusado, sigue amparado por la presunción de legalidad y acierto, de suyo suficiente para sostener en su totalidad la sentencia impugnada.
2.3.3. Con todo, interpretando con amplitud que al afirmarse dichas “diferencias” en las áreas, lo mismo que la falta de respuesta “a la exclusión o no” de la franja de terreno en posesión del demandante, en el sustrato se entendía protestado que no había lugar a resolver tales particularidades “en otras acciones legales”, tampoco se observa una acusación propiamente dicha, si en cuenta se tiene que, como se recuerda, para el Tribunal esa fracción sí fue incluida por el perito y por la partidora.
En el dictamen, porque el experto “(…) exclusivamente (…) se limitó a demarcar dicha porción de terreno (…)”, dejando la salvedad sobre que su exclusión no le correspondía “a él hacerla sino al juez”, de ahí que si se resolvía en favor del poseedor, el área total a dividir sería de 100 ha 7.527m2; en caso contrario, de 105 ha 8.961 m2. En el trabajo de partición, al tomar la auxiliar de la justicia un área mayor a esta última, concretamente 108 ha 3.311 m2.
Desde luego, si para la parte recurrente, al margen de las supuestas “diferencias” de áreas y de la falta de decisión sobre “la exclusión o no” de la parte del terreno poseída por el actor, esa fracción debía estar incluida en la partición, ninguna polémica existiría, por cuanto la porción que se alega como excluida, efectivamente fue incluida.
2.4. No se desconoce, los artículos 16 de la Ley 270 de 1996, modificados por el artículo 7 de la Ley 1285 de 2009, y 336, in fine, del Código General del Proceso, facultan a esta Corporación, bien para proteger los derechos constitucionales, defender el orden o el patrimonio público, en cuyos eventos, al momento de proferir sentencia, es dable una decisión oficiosa; ya para escoger en forma positiva los fallos objeto de pronunciamiento cuando hay lugar a unificar o corregir la jurisprudencia, o a ejercer un control de legalidad.
2.4.1. Sin embargo, en el evento de llevarse el caso al estadio de dictar sentencia, en el ámbito constitucional o de convencionalidad2, el simple hecho de haber obtenido el demandante recurrente decisiones en su contra, por sí, no impone a la Corte adoptar correctivos, dado que para el efecto se requiere de la presencia de defectos superlativos.
Desde el punto de vista adjetivo, no se observan, toda vez que como se constata, al interior de la actuación el supuestamente agraviado mantuvo en forma amplia intactas las garantías de defensa y contradicción.
En el terreno de los hechos y de las pruebas, tampoco aparece allanado el camino para la protección nomofiláctica del eventual derecho subjetivo. En los términos de la sentencia acusada y del cargo, según lo observado, porque si la fracción de terreno que el actor afirmó poseía, fue incluida en la división, ninguna decisión previa en pro de los recurrentes se exigía, menos para remediar posibles diferencias de áreas, toda vez que, acorde con lo sugerido por el perito y lo discurrido, en la partición no se supuso ninguna decisión judicial en favor del poseedor.
2.4.2. En la óptica de la selección positiva, respecto de los fallos objeto de pronunciamiento, en la mira de unificar o corregir la jurisprudencia, o ejercer el control de legalidad, tampoco habría lugar a la actuación de la Corte, al no aparecer involucrados temas relacionados con la aplicación o alcance de una norma de derecho sustantivo, menos con diversidad de interpretaciones sobre un mismo punto de derecho, ni con la necesidad de erradicar del ordenamiento el valor de un precedente.
2.5. En ese orden, relevado cualquier estudio de mérito, debe procederse como se previene en el artículo 346 del Código General del Proceso.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, declara inadmisible el libelo examinado y desierto el recurso de casación en comento. En consecuencia, ordena devolver el expediente al Tribunal de origen para lo pertinente.
NOTIFÍQUESE
LUIS ALONSO RICO PUERTA
(Presidente de la Sala)
MARGARITA CABELLO BLANCO
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
Ausencia Justificada
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
Ausencia Justificada
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
1 CSJ. Civil. Auto 323 de 15 de diciembre de 2000, expediente 8690; reiterado en providencia de 4 de noviembre de 2015, expediente 2010-00116.
2 Convención Americana sobre de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, aprobada mediante Ley 16 de 1972.